-Un grave detalle contra los feminicidios

-Discriminación en ViveBus alcanza a muchos
-Lo sientan a la orilla en convención del chile
-Maru va con AMLO para cerciorarse

Hay una simulación completa no sólo en la integración del grupo de trabajo que habrá de decidir sobre la Alerta de Género en Chihuahua, sino en el tratamiento a la solicitud misma.

Por un lado, la convocatoria fue emitida en la página oficial de Inmujeres.gob.mx el viernes 28 de junio, otorgando apenas tres días para la inscripción de aspirantes, que venció el miércoles a las 12 de la noche.

Es imposible primero enterarse de la convocatoria y luego recabar los documentos para cumplir los requisitos exigidos y poder ser tomados en cuenta. Es sin duda una convocatoria dirigida.

De hecho, aquí en Chihuahua la convocatoria fue publicitada apenas el día de su vencimiento, en una reunión con organismos vinculados en el tema, todos ellos íntimamente comprometidos con el nuevo amanecer.

Las fotos de la reunión, así como el respectivo comunicado fueron difundidos por el área de prensa del gobierno estatal.

Así sin mayor difusión, el Instituto Nacional de las Mujeres, deberá seleccionar dos personas representantes de una institución académica o de investigación especializadas en violencia contra las mujeres.

Pero no es el único detalle en este asunto. Nos dicen los que saben que es ocioso el grupo de trabajo, precisamente por el multicitado artículo 24 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia.

Dicho artículo presenta tres supuestos en los cuales procede la alerta de género. El tercero de ellos, que fue lo que ocurrió en el caso de Chihuahua, no deja lugar a dudas.

Dice que procederá la solicitud cuando así lo requieran los organismos de derechos humanos de las entidades.

Y aquí en Chihuahua, fue precisamente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quien lo solicitó.
No tiene entonces vuelta de hoja. La solicitud por sí misma debe ser autorizada sin más trámite, más aún cuando está documentada la violencia contra la mujer, donde Chihuahua ocupa los primeros lugares a nivel nacional.

El expediente, nos comentan, va sumamente reforzado en el tema. Luego entonces ¿Qué es lo que pasa?
Por ello hay un tufillo raro en todo el procedimiento. Como que hay la intención de evitar a toda costa la declaratoria de alerta y proteger al señor gobernador Corral de un señalamiento internacional.
Muy grave el detallito que retarda y obstaculiza la indispensable Alerta de Género.

Tienen la palabra las decenas de organizaciones defensoras de las mujeres relacionadas con doña Lucha Castro, don Gabino Gómez y tantos etcéteras hoy en auténtico como conveniente estado de hibernación.

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Mediante oficio JLAG 134/2019 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se metió hasta el tuétano en el Tribunal Superior de Justicia.

A través de dicho oficio se notificó al Tribunal de la recomendación que recae al expediente YA 218/2018, año y medio después de iniciado.

Queremos pensar que el timing político de la renovación en la CEDH obligó a retrasar la resolución, pero al final salió.

En dicho documento se establece que existe responsabilidad de funcionarios judiciales en la comisión de actos que violentan el derecho humano a la seguridad jurídica.

Pero dichos tecnicismos no nos dicen nada. Se trata de una gran simulación orquestada para involucrar a un secretario proyectista y a un magistrado en tráfico de influencias.

En el fondo, la queja revela un entramado de amenazas y traiciones, para construir de la nada acusaciones y remover magistraturas.

Es la narrativa una historia de no creerse, manipulación de personas, mensajes por watts, ofrecimiento de mejores plazas.

La resolución está en el escritorio del presidente del Tribunal desde finales de abril. Nosotros tenemos una copia.

Sólo es la punta de la madeja, porque hay procedimientos administrativos, y no dudamos que incluso de carácter penal.

Las identidades de los intervinientes no los conocemos, porque en este tipo de resoluciones públicas se omiten.

Pero los detalles, que se publican íntegros, son propios de una historia de intriga que ni en televisión se ve.

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El tema del Metro Bus (antes ViveBus) causó indignación el día de ayer, por el cartel que impide a los guardias de seguridad ayudar a quienes carecen de tarjeta.

Pero nos comentan un dato relacionado que no puede ni debe pasar desapercibido. Hay miles de personas que todos los días viajan en la ruta troncal, y que no son vecinos de esta ciudad.

Son turistas nacionales y extranjeros, o visitantes por motivo de trabajo, incluso migrantes, quienes deben forzosamente comprar una tarjeta para poder acceder al Metro Bus.

Ellos están siendo discriminados por el gobierno del estado, igual que las personas de la tercera edad, ante la ausencia de opción para pago en efectivo.

El llamado de atención, esperemos, no caiga en la indiferencia oficial como ha venido ocurriendo irresponsablemente.

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Puro maltrato sutil tuvo ayer el delegado de programas federales, Juan Carlos Loera, en la inauguración de la XVI Convención Mundial del Chile.

Fue sentado, sin albur, hasta la orilla izquierda. Por poco no había espacio para acomodarle la silla al poderoso funcionario federal.

Pese a ello estuvo muy sonriente durante todo el evento. Es el responsable de todo lo que ocurre en Chihuahua en materia federal.

Ante esto, no entendemos el porqué de la actitud, particularmente por la importancia de la buena relación con el gobierno de Andrés Manuel.

Es clave estar bien con la Cuarta Transformación en materia de seguridad y finanzas. Desde allá se maneja el presupuesto y la operación de cientos de programas.

De eso depende que se hagan realidad los mil 800 elementos de la guardia nacional que son aún promesas igual que los millones para echar a andar hospitales y hacer obra.

Pero la descortesía es marca de la casa. Tal vez el mismo Juan Carlos ha dado pie a ello por la cercanía tan estrecha que ha provocado en el ánimo de dejarse querer.

Busca tanto ser de casa que irremediablemente corre el riesgo de ser ninguneado como todos los funcionarios de la administración estatal.

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La presidenta municipal de la capital, María Eugenia Campos Galván, irá este lunes próximo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El motivo de la cita es ver a fondo la operación de la Guardia Nacional, cuyo diseño, facultades e intervención en ciudades aún no ha quedado claro.

Por ello es que Maru buscó la cita, igual que otros alcaldes del país, a fin de que el Ejecutivo de viva voz explique cuál es el plan para la nueva corporación que fue integrada a tumbos y que ha generado protestas no sólo en el ámbito político.

Y es que con certeza no se conocen los alcances de la GN ni su grado de intervención en la política criminal y de seguridad.

Es una especie de cuerpo preventivo como la Policía Federal de la que se nutre, pero con disciplina marcial y poder sobre la autonomía municipal y estatal.

Así que hace falta, todavía a estas alturas, saber y explicar lo que es, lo que no es y lo que será en el mediano y largo plazos la Guardia Nacional en cada municipio, que solicite o no su intervención.

A eso va Maru, a cerciorarse de que la operación de la corporación no vaya a resultar peor de lo que pretende corregir.

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Después de aclimatar a peritos químicos en Ciudad Juárez, ayer mismo regresó a Chihuahua la directora de Inspección Interna de la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación, Ericka Jasso Carrasco, encargada de traer cortitos a los angelitos de las policías estatales.