-Roban en hospital hasta con facturas falsas

-Cabello y “El Pony” hacen fuerte a Cano

-El dato que pasó bobita Palacio de Gobierno

-La corrientada de Aparicio con los K-9

Tarde que temprano debía caerle el chahuistle al director del Hospital General, Carlos Benítez, era lo menos después de mil desmanes y abusos incluso contra los propios trabajadores.

Tiene auditoría desde hace varios días por parte de la Secretaría de Salud federal en busca de irregularidades administrativas que, como era de esperarse, ya saltaron.

No hubo que buscarle mucho. Hay cosillas que nomás no cuadran en las primeras revisiones y no hay mucho con qué responder, por más ingenioso que sea.

Una de ellas es el uso de folios del Seguro Popular en beneficio de pacientes que, por fuera, en el consultorio privado, ve el doc Daniel Frías, actual responsable de hemodinamia del mismo hospital y protegido de Benítez.

Nos dicen que los pacientes entran a cateterismo sin tener póliza del Seguro Popular, pero al final no hay problema.

Se reportan directamente con los beneficiarios del negocio y asunto arreglado. Todo pasa sin estorbo alguno. Hasta el administrador Tavares tiene qué ver en el asunto por más que sea negado.

La transa es que al paciente lo ven por fuera, ahí le piden la iguala económica y luego lo trasladan al Hospital General. Es el modus operandi.

Adicionalmente a esto se han encontrado ya facturas falsas, aquellas que eran el deporte favorito en el sexenio pasado, que hoy son la delicia también del nuevo amanecer hospitalario.

Pero no se vaya a pensar que no hay proveedores favoritos. Por supuesto que existen. Uno de ellos es “Medsten”, que en un arreglo de intermediario con “Sima”, hace su agosto en pleno julio.

Medsten es un proveedor de segunda fila, pero muy bien conectado al interior del hospital. Muy cerca nos dicen precisamente de Daniel Frías.

Se genera continuamente la necesidad de compra muy dirigida en insumos y productos apropiados para beneficiar a dicha empresa.

Todo ello ante la complicidad de la cabeza del hospital, y por supuesto, mínimo pensar en la omisión del Secretario de Salud, que se pasea por los pasillos cómodamente limpios y sin pecado aparente alguno del brazo del diputado morenista Miguel Colunga.

Tal vez otra sería la actitud del doctor Jesús Enrique Grajeda si supiera que su director del Hospital General sale corriendo a la una de la tarde para irse a checar al Hospital Infantil, donde tiene otra jornada laboral, empalmada.

Por menos que esas linduras de pecados han sido despedidos otros médicos y personal administrativo, pero en el tercer piso del edificio de la Ojinaga y Tercera no hay fijón alguno.

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Diferentes reacciones generaron las imágenes del Colegio de Ingenieros, inaugurando una estatua de fierro denominada “El árbol de las conexiones”.

Una estructura de arte muy pero muy abstracto. Hay que ser muy amantes del arte para encontrarle sentido.

Con ese motivo, el presidente del Colegio, Jorge González, se retrató con el expresidente municipal Alejandro Cano, quien apenas sobrevive de la debacle política que ya tiene años.

Pero no sólo estuvo Cano; no lo vemos en las fotos, pero nos dicen que por ahí anduvo Roberto “El Pony” Lara, el actual presidente de la Junta Municipal de Agua, actualmente perdido en el escritorio de la cómoda función administrativa, pero con sueños de una candidatura a la alcaldía en ciernes junto con Miguel Riggs, “El Pelón” Latorre, Jorge Soto y Marco Bonilla.

Desentonando estuvo también el director de Obras Públicas, Carlos Cabello. ¿Qué andaba haciendo ahí?, que alguien nos lo diga.
Explican que su jefa Maru Campos, la presidenta Municipal no asiste a evento del Colegio desde que fue candidata. El gobernador Corral menos.

Cabello tiene perdida la brújula. Tiene un timing muy poco acertado. Ya se sabe que Cano quiere ser candidato a gobernador por el PRI de la mano de su padrino, José Reyes Baeza.

Hay frío de Jorge González, es evidente. Fue pasado por alto inclusive con el proyecto de Chihuahua Iluminado.

El Colegio está perdiendo el rumbo y el tino político. Lamentable para una institución que es respetable y reconocida en la comunidad (o era?).

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De la resolución adoptada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado lunes, hay otro detallito que por supuesto el nuevo amanecer quiso hacer pasar bobito.

En ninguna línea de la resolución existe la autorización para que el gobernador Corral gane más dinero que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo que existe es una determinación, reiterativa de la ya adoptada desde hace unos meses, cuando se encontró que no existía parámetro alguno reglamentario para aplicar el salario mínimo de los famosos 108 mil pesos.

Pero, además, que existe una ausencia de claridad en el sueldo del Presidente de la República -lo mismo que en el sueldo del gobernador Corral-, porque no están detalladas las prestaciones adicionales que recibe.

Sólo hay en la norma el sueldo base, los 108 mil pesos.
Ese pequeño aspecto resolutivo llevó a la Corte a encontrar que no había forma de determinar si el sueldo del gobernador de Chihuahua, que ronda por encima de los 170 mil pesos, es menor o mayor que el salario presidencial.
Claro que la resolución fue festinada como un logro por el mandatario, pero que no significa otra cosa que la discrecionalidad estatal para determinar sueldos.

Una facultad caprichosa que poco tiene de austeridad ni de beneficio para los chihuahuenses, como se cacaraqueó alegremente incluso mediante comunicados de prensa.

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No hay que sorprenderse si de repente comienza a circular una foto con la leyenda de “se busca”, del comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

No es que sea delincuente o le tengan algún expediente criminal. Al menos no se sabe, hasta la fecha, aunque diversas voces lo ubiquen como protector de alguno de los grupos delincuenciales que operan a sus anchas en el estado.

El caso que lo involucra es más simple. Hasta chusco podría decirse, de no ser porque quienes andan tras el jefe policiaco y han tenido que aguantar que les cuelgue llamadas y no los reciba en su oficina.

Ellos confiaron de buena fe en la palabra del funcionario y ahora sufren por unos cuantos miles de pesos.

Resulta que Aparicio fue invitado a inscribir a sus perros del equipo K-9 de la Policía Estatal a un curso de adiestramiento, con un costo de 2 mil 500 pesos por cada uno.

El titular de la CES gustoso pidió que fueran inscritos 30 animales, a los que envió a capacitarse junto con sus parejas policías humanos, pues ellos trabajan en binomios.

El problema es que pasaron los días y las semanas sin que paguen el costo del curso a la asociación civil organizadora, cuyos integrantes le dieron crédito al jefe de las fuerzas estatales creyendo que era una persona digna de confianza. Se toparon con lo contrario.