-Dejan municipales y federales se enrede solo Corral
-En declaración 3 de 3 brillan por su ausencia
-En un arrebato Marijose mete tijera a comunicadores
-Maltrato presupuestal contra Santa Eulalia
Se está enredando solo Javier Corral con tanto fierro en la lumbre. Tiene pocos y malos operadores, que sólo complican los casos.
Montado en su macho cierra el gobernador cualquier canal de negociación o comunicación. Y no es sólo el asunto de la brecha de Sacramento.
Son los problemas derivados del abuso e inactividad por tomas clandestinas de agua en El Sáuz; son los Antorchistas frente de Palacio, con sus niños tomando clases bajo temperaturas asfixiantes.
Es el retén ciudadano, que tiene presencia permanente en la banqueta del edificio Héroes de Reforma, exigiendo un precio justo en las revalidaciones vehiculares.
Se está saliendo de control el manejo político del Estado. Es iluso no pensar que la ausencia de liderazgo y acciones de gobierno son aprovechadas por sus adversarios.
Se dan vuelo poniendo el dedo en la llaga. Sólo faltaba que Juan Carlos Loera se subiera al ring. Lo ha hecho desde su cargo de responsable de programas federales.
Y cómo no hacerlo, obligado por las circunstancias, ya que el uso de la fuerza ha sido una respuesta que el gobierno federal ha guardado con celo, al grado de que acaba de aprobarse una ley que la regula como última opción.
Es tan irracional la confrontación con los ejidatarios de sacramento que ni los municipales ni los federales han estado en los operativos.
El asunto revive la revocación del mandato. Hay exigencias de renuncia, porque es imposible no pensar que la autorización del operatorio abusivo provino desde el mismo gobernador.
Así, se le endosan bajo su firma las detenciones ilegales, violación de fuero, abuso sexual y privación ilegal de la libertad.
Para colmo, como respuesta viene la decisión rigorista, de que no habrá marcha atrás en el cierre de la brecha, que más bien parece una medida de desesperación.
Obviamente, las denuncias en fiscalía no caminarán y por ese mismo tenor estarán las quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
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En el juicio contra el asesino de Rafita, seguido en un tribunal de enjuiciamiento en Juárez, existe un elemento que la defensa esgrimió y que pudo echar abajo la sentencia condenatoria expresada el día de ayer.
Se trata de la ausencia de pulcritud y legalidad con que se mueve el ministerio público y la policía investigadora, responsables de levantar evidencia durante un cateo realizado en la vivienda del responsable del homicidio.
De dicha indagatoria se levantaron evidencias importantísimas en el caso, que por supuesto fueron el soporte de investigación para esclarecer el caso.
Aún y cuando ya se emitió la declaración de culpabilidad y aún resta la fijación de la sentencia, el asunto no deja de ser grave, por lo que implica en la defensa del debido proceso en el caso.
La insolvencia en las investigaciones, con escaso tacto, incuba la impunidad y el riesgo de que delincuentes sigan en las calles.
Hay una ausencia de cuidado en la actuación oficial. Hasta parece que juegan a la complicidad con los delincuentes. Terrible ante asuntos de tanta gravedad y alto impacto como este homicidio.
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La declaración 3de3 alcanzó una gran relevancia en los años anteriores, impulsada por una organización de la sociedad civil del mismo nombre.
Los aspirantes a un cargo de elección popular, y después los mismos funcionarios públicos, debieron entrar a regañadientes a cumplir con la divulgación de su declaración patrimonial, declaración de interés y declaración fiscal, debido a la presión social.
Pero con el tiempo se ha olvidado. Y hoy en día no todos cumplen con ello.
Encontramos alcaldes, diputados locales y federales, regidores y demás servidores públicos, que no han cumplido con esta exigencia ciudadana.
De todos los colores hay. independientes, morenos, panistas y priístas.
Son herramientas ciudadanas útiles, pero que han caído en lamentable desuso. Hay un desdén por la transparencia y rendición de cuentas.
Para obtener sus declaraciones en versión pública hay que acudir a solicitudes lentas derivadas de la opacidad con que se conducen los servidores públicos.
En esa declaración 3de3 encontramos escasos funcionarios, entre los cuales se encuentra María Eugenia Campos, de los pocos alcaldes que aparecen o de Víctor Quintana y Javier Corral, del gabinete estatal, pero con datos antiquísimos.
Luis Fernando Mesta anda muy ocupado tapando brechas. No aparece por ningún lado en su calidad de encargado de despacho de la Secretaría General.
Se podrá argüir con razón que no existe obligación legal. ¿Pero dónde queda el imperativo moral frente a los ciudadanos?
Hoy en día las únicas declaraciones patrimoniales de muchos funcionarios se encuentran bajo candado en la Función Pública. En un sobre lacrado, lejos de las miradas acuciosas de la opinión pública.
Esa es la apertura actual.
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A la negativa de entrevistas del mandatario estatal y empujones de sus escoltas, se sumó una nueva modalidad, que es censurar el WhatsApp por parte de María José Valles, la coordinadora de comunicación social estatal.
La decisión, con evidencia en captura de pantalla, generó malestar entre los comunicadores, porque era conducto para solicitar información o intercambiar puntos de vista.
No le gusta al nuevo amanecer la comunicación circular ni nada que incomode el simple envío de boletines.
Y eso que ya está encima el siete de junio, celebrado en México como día de la libertad de expresión, nada menos en dos semanas, de este viernes en ocho.
Poco prudente y desafortunada la estrategia en el popular sistema de mensajes.
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La desaparición del Fondo Minero no es el único problema que enfrenta el vecino municipio de Aquiles Serdán, donde gobierna Ariel Fernández.
Conurbado a la capital del estado, el viejo pueblo minero de Santa Eulalia tiene la tercera tasa nacional de crecimiento de todo el país, sólo por debajo de dos municipios de Nuevo León, pero las arcas estatales y federales no le corresponden de la misma manera.
El crecimiento poblacional de ese municipio se debe, en gran medida, a la cantidad de gente que se ha instalado en nuevos fraccionamientos que están dentro de su fundo legal, pero prácticamente también son parte de la mancha urbana de Chihuahua.
Dichos fraccionamientos son de los que se conocen por los urbanistas como “ciudades dormitorio”, debido a que la gente va a dormir solamente a su vivienda, dadas las largas distancias que debe recorrer a sus lugares de trabajo o escuela.
Pero ni por esa casualidad metropolitana le han abierto la llave de recursos al gobierno municipal en una proporción más adecuada, de tal forma que municipios con menos gente y una dinámica menos intensa, reciben más dinero que Aquiles Serdán.
La población es el vivo ejemplo de la disparidad y el maltrato presupuestal a todo lo que da.
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