-Lagartones de AMLO para manejar Chihuahua
-Inseguridad distinta en Juárez y Chihuahua
-Atender o no atender la transparencia
Se observa de entrada que el gobierno de México, bajo la bandera de la cuarta transformación, empieza a operar con miras a reforzar la presencia en las entidades, con perfiles probados.
Da la casualidad que los nombramientos recientemente llevados a cabo, tanto en el Centro SCT como en otras delegaciones federales, contrastan con la ligereza con que el gobierno de Corral ha asumido sus responsabilidades.
Por un ladoEl oriundo de Monterrey, Julio César Huerta arrastra colmillo con intervenciones de ingeniería en puentes internacionales; en su paso por los centros SCT de Colima y Sinaloa, más un periodo en oficinas centrales, allá en la ciudad de México.
No es un niño de pecho en la materia. Hay experiencia y mucha en el aspecto técnico. Del otro lado, en el ámbito estatal, tiene a un político de medio pelo, más grillo que técnico, que ha pasado sin pena ni gloria en los puestos que ha disfrutado, incluso con severas acusaciones de corrupción. Gustavo Elizondo tendrá un hueso duro de roer en el nuevo responsable de obra federal.
En el Seguro Social, el inminente relevo también tiene lecturas interesantes. Mandó a Germán Martínez, el Director General, a un abogado con antecedente de haber ocupado ya una delegación de la misma institución en Coahuila.
Éste sí con pasado grillo desde una representación de CTM hasta incursión en administraciones priístas en su natal Jalisco. De oficio abogado, Enrique Orozco Besenthal, deberá tener coordinación institucional con Jesús Enrique Grajeda, el flamante Secretario de Salud, que llegó al puesto con muchas expectativas, que poco ha poco se han visto frustradas, bajo una política de dejar hacer, dejar pasar.
, en Comunicaciones y Transportes, Andrés Manuel envía un lagartón con amplia experiencia en dichas áreas.
Hay omisiones delicadas en salud estatal, no se ha tocado en esencia la estructura del medico militar Ernesto Ávila; continúan los problemas con el medicamento y el pago de sueldos y prestaciones a empleados.
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El titular de la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales del Congreso del Estado, Omar Holguín, ha abonado poco para salvar el pellejo y cuidar el proyecto morenista.
Ha sido descuidado en el trato interno y externo. Botón de camisa desabrochado, descuidado en el seguimiento de los asuntos diversos que competen a su área.
No toda la culpa es de él. También sus colaboradores, con el mismo perfil, han contribuido sin duda alguna. Su designación fue un error y capricho de negociación política.
Empero no hay justificación alguna en una determinación de revancha, con un tacto de elefante, para acentuar la ingobernabilidad en el órgano legislativo.
Por ello el escrito de Cruz Pérez Cuellar en el Senado tiene un significado relevante. Si Corral en Chihuahua opera una reforma orgánica para quitar posiciones en Morena, allá se prepara una reacción de igual magnitud.
Todo en un contexto donde precisamente es la colaboración de niveles de gobierno la única posibilidad real de hacer frente a los problemas de urgente atención, donde la administración estatal hace agua, entre la ineficiencia y la omisión evidente y palpable.
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Llaman mucho la atención los números tan distintos en cuanto a percepción de inseguridad que muestran Chihuahua y Juárez en la encuesta reciente del INEGI.
Algo se está haciendo distinto porque Juárez redujo en cuatro puntos la percepción de inseguridad, de 78 a 74, entre septiembre y diciembre del año pasado.
Contrario a ello, Chihuahua subió, en el mismo período, de 71.9 a 76.1, incluso colocándose muy por encima de la media nacional que es de 73.7.
Quienes han seguido de cerca ambos casos atribuyen sus efectos no tanto a la efectividad de las acciones, ni a la comunicación social para modelar percepción.
Ven la diferencia en la coordinación con la autoridad federal y estatal. Cabada ha hecho un esfuerzo por tolerar la andanada de la administración estatal. Ha sido estoico.
Pero su manejo ha sido también acertado en lo Federal. Lo mismo ha estado Cabada con el General Cienfuegos en la administración de Peña Nieto, que en la actual, con Luis Crescencio Sandoval.
Cuando había oposición del estado a sentarse a la mesa de seguridad, Cabada no vaciló ni un segundo para coordinarse.
Maru Campos, aquí en Chihuahua, ha tenido una situación más difícil.
Al menos Cabada está a más de 300 kilómetros de distancia. Aquí la presencia del Ejecutivo estatal está a tiro de piedra con todo lo que significa. No picha ni cacha y cuando se le pone tampoco deja batear.
Ello ha sido incómodo en la operación de todos los programas, incluido seguridad. Los encontronazos han sido públicos.
Maru muestra manejo cuando aparece en el relevo de la Quinta Zona Militar, que desairó inexplicablemente el gobernador.
Ni se digan los efectos que sobre percepción pública tienen los hechos de violencia de alto impacto, como el ocurrido recientemente con homicidios múltiples y el asesinato de dos agentes policiacos, uno ministerial y el otro municipal.
Cualquier esfuerzo se diluye como gasolina en huachicol.
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La transparencia se ha convertido en un paradigma que algunos sujetos obligados no han terminado por comprender y cumplir en sus términos.
Los ciudadanos, no se diga los medios de comunicación, deben sufrir horrores para obtener información solicitada.
Hay obligaciones públicas que deben ser cumplidas sin mediar solicitud de por medio, pero ni ellas son atendidas, y cuando lo son, el formato utilizado dista mucho de cumplir con la finalidad de transparentar.
Por ello la determinación de Ichitaip de atender las denuncias presentadas por el Consejo Anti Corrupción y exigir el cumplimiento a diversos sujetos obligados es indispensable. Incluso ir más allá, con los claros oscuros que abundan en la administración pública.
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