Uber y Didi comieron el mandado a careros taxis

No hay contemplación alguna cuando se trata de comerse el mercado''

* Una fichita entre los jueces

* El vaivén por la reestructura de la deuda

Es una lucha soterrada que el área de transportes se ha negado a entrarle desde el ámbito administrativo aun con los pocos dientes que tiene. Lo más sencillo ha sido echar el problema al Congreso del Estado. Y sus diputados a ver cuándo resuelven.

Se trata de la guerra emprendida por Didi para desplazar a Uber en el negocio de la transportación de miles de usuarios diariamente. Nomás de pasadita están dejando en la historia a los careros taxistas convencionales.

No hay contemplación alguna cuando se trata de comerse el mercado. Los choferes traen doble aplicación y hay un pirateo constante de los mismos por promotores que ofrecen las perlas de la virgen.

Incluso nos dicen que Didi está instrumentando un plan de reclutamiento con muy pocos requisitos, con el fin de ganar mercado.

Si a esto se suma el problema de Uber con el cobro en tarjetas de crédito y débito, donde los choferes cancelan viajes a diestra y siniestra sin importarles el usuario, el asunto va tomando otras dimensiones.

En este contexto, el gobierno del Estado se hace el occiso. El argumento es que se trata de contratación de servicios entre particulares.

La pelotita va al Congreso con el anuncio tímido de una mesa de negociación y análisis que no llevará en meses a ningún lado.

Llama la atención que en otros asuntos la administración estatal es muy proactiva, enviando iniciativas de ley por motu proprio, pero en este caso no dan luces de nada, dejando a los ciudadanos en medio de una reyerta soterrada entre ambos monstruos de la tecnología aplicada en transporte.

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Resulta que el juez Eduardo Alexis Ornelas es una verdadera fichita. No es sólo el escándalo por la liberación de un presunto agresor sexual asociado en parentesco de una funcionaria del Poder Judicial federal.

Ese asunto, como se recordará, está por ser analizado en el Consejo de la Judicatura para efectos de sanción, por justificar violencia en “una relación sexual consensuada de reconciliación”.

Sin embargo, no es un caso aislado. El juez Alexis Ornelas lleva la causa del enfermero asesino, a quien se atribuyen varios homicidios, entre ellos el de la familia Romero Armendáriz.

Resulta que el juez ha venido posponiendo de manera indefinida el juicio, sin que nadie haga algo al respecto, propiciando impunidad en un crimen de alto impacto y dolor en la sociedad chihuahuense.

Pero adicionalmente a dicha tardanza, nos dicen que lo grave en este caso es que a pesar de haber suficientes pruebas en su contra, el juez de control y la fiscalía, complicidad inexplicable, siguen sin fincar cargos por el homicidio de cinco integrantes de la familia Romero y el de Azael Díaz López.

Ojalá y los magistrados tomen cartas en el asunto, no sólo en el caso que está por llegar a la judicatura estatal, sino que se haga una revisión exhaustiva en todos los casos que han llegado a manos del juez Ornelas, porque pareciera que lo que toca se alarga hasta el infinito y más allá.

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Se dio el anuncio de la contra-reforma educativa en la conferencia de prensa matutina del presidente Andres Manuel López Obrador.

Una de las novedades de la propuesta es la universalización de la educación superior, que en Chihuahua ya tiene antecedentes inmediatos y no muy positivos.

Don Esteban Moctezuma, el señor Secretario de Educación, probablemente no lo sabe -lo cual no nos explicamos- pero en nuestra entidad, desde 2010 hasta el inicio de la actual administración, existió una disposición oficial de cero rechazos en las universidades públicas del nivel superior.

No hay problema si el anuncio de aceptación total de jóvenes en las universidades hubiera ido acompañado de recursos económicos, pero éstos cayeron a cuentagotas. Es más, la Secretaría de Hacienda manejó a contentillo los recursos federales, sudándolos a placer para generar dividendos financieros.

Por supuesto la UACH y la UACJ y sus extensiones, sufrieron las de Caín, porque con los mismos maestros, infraestructura y recursos financieros, tuvieron que hacer frente a la instrucción superior dada desde un escritorio en el segundo piso de Palacio de Gobierno.

Las listas del examen Ceneval mostraban los reactivos de desempeño de los aspirantes de educación superior, pero sólo servían -pese a su elevado costo- para la distribución en aulas.

Ésta es una historia real. Ojalá el Coordinador Regional de Programas Federales, Juan Carlos Loera, pare orejas y haga algo. Porque del anuncio hecho ayer, las universidades públicas son las primeras que recibirán la “atenta solicitud” de hacer el esfuerzo de aceptación universal. Así es que a temblar de nuevo.

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Ahí están los nombres de las señoras y señores diputados que se encuentran en el vaivén de la puja para autorizar la megareestructura de los 48 mil millones de pesos, solicitada por el gobernador Javier Corral.

Empezamos por el Partido Verde, Alejandro Gloria. Le sigue en el Panal René Frías. Por el PT, Amelia Ozaeta y Don Rubén Aguilar. Por Movimiento Ciudadano, Rocío Sarmiento y Lorenzo Parga. En el PRI, Jesús Velázquez y Anna Chávez.

Ellos andan loquitos en un affaire con el nuevo amanecer, que los ha llevado a votarle a favor diversas iniciativas y rechazar otras, como la presentada por Gustavo de la Rosa contra la inversión de 930 millones para plantas tratadoras.

Desde Palacio los tienen muy calibrados y con elementos para el arrimón de lumbre. Así andan Gloria, Frías, Don Rubén y Chuy. El resto van a donde calientan gordas, sin mecate nacional ni local, más que el interés propio.

El resto de los legisladores la tienen muy clara. PAN va por el sí incondicionalmente. Morena firme en el no y un dividido tricolor con Omar Bazán y Rosy Gaytán en franca y justificada guerra con el PAN-gobie