--El choque Ejecutivo-Judicial --Aliado de Corral con AMLO --Directivo con súper poderes--El choque Ejecutivo-Judicial --Aliado de Corral con AMLO --Directivo con súper poderes
RETRIBUCIÓN.- En el mundo civilizado, la estabilidad en el puesto y la justa retribución económica, al lado de otras cualidades que deben tener los juzgadores que integran el Poder Judicial, se conciben como garantías para obtener la anhelada imparcialidad de las sentencias que se emiten para resolver las controversias sujetas a juicio.
ESTABILIDAD.- Se supone que el modelo de justa y proporcional retribución propicia un clima de estabilidad en los jueces de todos los niveles, que permite desarrollar un sistema con individuos que, con gran capacidad intelectual del más alto perfil, bien remunerados, puedan autorrealizarse en un proyecto de vida que les permita -sin tener que verse siquiera tentados a cometer actos de corrupción- satisfacer sus necesidades económicas de forma holgada.
SUELDAZOS.- El grave problema en México sobre los abultados sueldos de los integrantes del Poder Judicial de la Federación no son propiamente los sueldos: un abogado brillante, con una preparación semejante a la que tiene un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ejercicio del litigio privado, sí puede obtener por su trabajo una remuneración más o menos similar a la que percibe un togado del más alto tribunal del país.
INSULTANTE.- El problema real es otro: la desproporcionalidad. Así es, aunque es conveniente una buena retribución a los integrantes del Poder Judicial, para garantizar una mayor independencia en el ejercicio de la función, no menos verdadero es que ese principio debe permear en todo el aparato gubernamental de los tres poderes de la unión y a la sociedad en general, sin crear una cultura de privilegios para unos y pobreza extrema para los desamparados.
INSULTANTE I.- La administración de Andrés Manuel López Obrador, al promover en una ley secundaria un sistema que permita la homologación de sueldos de todos los funcionarios, imponiendo un tope e impidiendo que alguien gane una cantidad superior a la que percibe el presidente de la República, que indudablemente es el funcionario de mayor nivel de responsabilidad, parece actuar en la dirección correcta, por más ronchas que genere a jueces y magistrados federales.
INCONSTITUCIONAL.- Apunta a corregir esa desproporción insultante, una tarea que se antoja necesaria y obligada en un país con la mitad de su población en pobreza; aunque ciertamente el futuro de esa ley secundaria que ha sido aprobada, es que se declare inconstitucional, por estar en notorio conflicto con la disposición de la Constitución Federal que impide la reducción de sueldos y salarios a los juzgadores de todos los niveles.
CHOQUE.- Pero no se debe perder de vista que el gobierno de López Obrador tiene la suficiente legitimación social y fuerza política en el Congreso de la Unión y en los estados federados para impulsar una reforma a la Constitución que propicie a su vez una justa retribución, con sueldos justos y proporcionales para todos los funcionarios en general, sin importar a qué poder pertenezcan y sin provocar remuneraciones exageradas e insultantes.
CHOQUE I.- La reforma a la Constitución evidentemente es la solución, pues aunque la misma pudiera ser contraria a la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, por ser regresiva para la protección de los juzgadores federales, ya los propios ministros de la SCJN han resuelto que si las restricciones a derechos humanos van en contra de los tratados internacionales, pero se encuentran previstas constitucionalmente, deben respetarse y atenderse.
PELIGRO.- Y aquí cabría preguntarse, si al verse afectados los señores ministros en su economía, ¿seguirán sosteniendo ese criterio jurisprudencial tan restrictivo o bien recularán en defensa propia? Sí, en defensa propia.
PELIGRO I.- Será interesante ver cómo reaccionan, pues la posibilidad de cambiar de criterio bien podría desencadenar otra reforma que permita la creación de un Tribunal Constitucional que deje a los togados sin chamba, al desaparecer la Suprema Corte. Ojo con eso, es el verdadero peligro, para ellos y para la sociedad.
ALIADO.- Indudable aliado del gobernador Javier Corral, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en esta nueva gestión federal de Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto Castillo soltó un adelanto del caso César Duarte. Pero lo hizo discretamente, en foro universitario la semana pasada, lo que luego se extendió como una postura oficial de la nueva Federación que representa, aunque no fuera tal.
ALIADO I.- El exfiscal para Delitos Electorales de la PGR, cuya salida de la administración de Enrique Peña Nieto agravó el quiebre con el mandatario de Chihuahua, dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la solicitud de extradición vigente del exgobernador Duarte y que en efecto, la SRE actuó de forma negligente en el pasado gobierno.
DISCRECIONAL.- El funcionario federal aseveró que la cancillería, con Luis Videgaray al mando, actuó de forma discrecional en la petición de extradición de Duarte Jáquez, es decir que no tramitó conforme a derecho la solicitud, sino que le dio largas y la mantuvo controlada para que existiera, pero no se ejecutara. El clásico acátese, pero no se cumpla.
PRESIONES.- Lo que llama la atención de los observadores es qué tanto es presión de Nieto Castillo a la propia estructura federal en la que labora y qué tanto es una realidad que en la nueva administración el asunto es prioritario, porque acciones concretas de la cancillería y de la Procuraduría General de la República no se han visto, en uno de los casos emblemáticos de corrupción no sólo de Chihuahua, sino del país.
CORRUPCIÓN.- Por cierto, el gobernador Corral, precisamente, adelantó la firma de un convenio de colaboración con el nuevo Gobierno de la República, para investigar actos de corrupción política y evasión fiscal, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto.
RUTA.- El acuerdo es una necesidad para la Federación y los estados, pues crea un mecanismo hasta la fecha inexistente, para seguir la ruta del dinero que se desvía del erario e incluso para el que no llega al fisco, el que se elude fiscalmente. La entidad será la primera en tener ese convenio, que seguramente llevará a las demás del país a concretarlo.
CARRETERA.- Para variar llegan quejas de la carretera más larga del mundo, la de Delicias-Chihuahua, que jamás acaban de construir, por un nuevo cierre en un pequeño tramo a la salida de la capital, que obliga a transitar por uno solo de los dos cuerpos que tiene la vía, siempre en reparación.
ACCIDENTES.- El mínimo accidente, señalan, provoca un gran congestionamiento y la mayor parte de los que ocurren son por la pésima señalización a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se mantiene como delegado Rafael Chávez Trillo, priista, pese a la llegada de la nueva administración.
FEDERALES.- Esto es ejemplo, dicen, de esa pésima función federal en el estado que, como ya se ha dicho, también contribuyó a desprestigiar al sexenio que recién terminó; y no se ven muchas ganas de cambiar esa ruta al despeñadero que tienen las dependencias federales, ahora con nueva administración y los mismos monos de siempre.
DERECHOS.- Hoy y mañana en el Instituto Estatal Electoral se impartirá el taller de "Normativa Internacional de los Derechos Humanos", a cargo de la maestra Ana Fátima López Iturríos, directora de Igualdad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
MESAS.- Además mañana a partir de las 10 horas se realizarán tres mesas panel: Mujer y Política, a cargo de María Elena Cárdenas; Mujer y política en los medios de comunicación, a cargo de López Iturríos; y Mujer indígena y política, a cargo de Kiriaki Orpinel. Estas actividades se desarrollan en el marco del Día Internacional de Derechos Humanos y forman parte del ciclo de talleres "Derechos Humanos y Género", impulsado desde el IEE.
PARO.- Pese a los compromisos que ha hecho el director general de Pensiones Civiles del Estado, Alberto Herrera, dicen que el paro de los empleados sigue en firme, pues piden la salida del funcionario por el terrorismo laboral que persiste en la dependencia y la decadencia de los servicios a falta de inversión, con el pretexto de la autoridad, a pesar de que Herrera ha puesto orden en muchas áreas.
REEMPLAZOS.- El reemplazo de personal médico profesional por recién egresados, el retraso en las citas de especialistas y estudios comunes, entre otras fallas, aseguran, son obra de una dirección deficiente, por lo cual los trabajadores afirman que tienen pleno respaldo de la derechohabiencia para su protesta que, de darse, afectará todos los servicios, salvo los de urgencias, este próximo viernes.
PODERES.- Parece que trabajar en la Secretaría de Salud le dio súper poderes al director de la Jurisdicción Sanitaria III de Parral, Francisco Javier Herrera, a quien los empleados sindicalizados le demostraron que para viaticar es capaz de estar en Chihuahua y Guadalupe y Calvo al mismo tiempo, es decir que tiene el don de la ubicuidad o bien hace transas con el erario, las cuales le solapa su administrador general, Daniel Pérez.
ACUSACIONES.- A Herrera, reportan, además de la viaticada excesiva, le denuncian acoso sexual a empleadas y un extenso listado de aviadores que ocupan plazas muy bien pagadas de la Secretaría de Salud, cuyo titular, Jesús Enrique Grajeda, aseguran, ya tenía desde hace semanas un informe muy completo de las anomalías, pero no hizo algo por corregir antes de que los empleados hicieran públicas sus inconformidades.
SALUD.- El caso, dicen los que saben, se suma al amplio catálogo de reclamos de la dirigencia sindical de Salud, que encabeza Pablo Serna, quien también ha soltado la advertencia de un posible paro en el sector, si continúan apapachándose a los funcionarios que son denunciados y si la dependencia se niega a pagar prestaciones retrasadas a los trabajadores, quienes aún no tienen garantizados sus bonos de fin de año.
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