Para Fashion Mall el cliente no es primero

* Chamusca muerte de Hiram al PAN

“Las hipótesis de cajón en homicidios cansan a la ciudadanía que exige mayor seriedad de la autoridad”

* Robo de combustible por el sur del estado

* Protestan, pero no se bajan el sueldo

Hay un afán eminentemente recaudador en la aplicación de infracciones a diestra y siniestra dentro de estacionamientos privados por parte de la Dirección de Vialidad y Tránsito.

No existe un mínimo de tolerancia en momentos en que por las fiestas decembrinas los estacionamientos de los mall’s, como Fashion, se encuentran verdaderamente saturados y los clientes deben estacionar los vehículos en las franjas amarillas.

Las 100 multas impuestas el pasado sábado son nada frente a lo que habrá de ocurrir los próximos días que se acerque la temporada de compras más álgida con motivo de Navidad.

Pero además, nos dicen que subyace un dejo de ilegalidad en las infracciones, porque estos estacionamientos no son vía pública, tal y como lo establece la ley de la materia, que en ningún caso habla de los espacios privados.

Un abuso pues, porque difícilmente alguien va a intentar el amparo como consecuencia de una multa por estacionarse en amarillo. Pero no por una multa en azul, que asciende a varios miles de pesos. Dicha infracción corre entonces el riesgo de echarse abajo por encontrarse dentro de propiedad privada.

Pero la administración estatal juega a brincar la línea entre lo legal y lo ilegal, bajo el pretexto de los automovilistas que abusonamente se parquean en azul, una pequeña excepción, tapiza de multas los coches de compradores que acuden a los centros comerciales.

Se observa además una complicidad de los administradores de los estacionamientos de estos grandes establecimientos, que en lugar de defender a sus clientes, con tolerancias en los amarillos, buscan en cualquier momento sacar tajada, por ejemplo, con la intentona añeja de cobrar cuotas elevadas por un servicio que están obligados a prestar.

Pero además, ¿no será más un asunto de protección civil?, por el riesgo que conlleva la aglomeración de personas y carros en lugares que carecen de los espacios suficientes para albergarlos, y no la simpleza de sanción vial. Hay preguntas por responder.

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El lamentable suceso donde murió Hiram Apolo Contreras chamuscó la médula del PAN estatal, con un mea culpa que llevó a la recién estrenada presidenta del Comité Directivo Estatal, Rocío Reza, a encabezar las exequias en sede municipal azul allá en Juárez.

Hubo una tardía reacción, que se quedó en tímida exigencia de justicia, que corona los errores de la Fiscalía, la tardanza en la identificación de la persona asesinada, un personaje querido y estimado en el PAN, y el borrego de la detención de presuntos responsables.

Lo uno y lo otro son inaceptables, como lo fue el hecho de la confusión y el descarte a priori de la línea política en la investigación.

De qué tamaño habrá sido esta cadena de errores, que el diputado azul, Miguel La Torre, brincó para llamarse sorprendido por tan infantil referencia oficial de la Fiscalía.

Las hipótesis de cajón en homicidios cansan a la ciudadanía que exige mayor seriedad de la autoridad.

Seguramente por todo ello el gobernador prefirió ni pararse en el tributo que los panistas rindieron ayer a Hiram en la sede del PAN municipal, en el mismo salón que por décadas arengó ya para obtener alguna candidatura, ya para defender la nominación de algún correligionario o para señalar a los opositores políticos.

Ni Corral, ni Pancho Barrio, ni nadie de los presentes ni los viejos panistas que ocupan o han ocupado espacios importantes de poder lo acompañaron en su último viaje por la sede partidista. Tampoco en la funeraria, menos en el panteón.

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En el caso de Antonio López se observa una intencionalidad de cargarle la mano.

No le perdonan su retirada en 2013 de la candidatura a la presidencia municipal pese a su honestidad al manifestar que lo hacía al no concitar el apoyo en unidad de los diferentes grupos existentes en el partido.

Tampoco le perdonan su renuncia a las filas azules y su incorporación a Morena, donde estuvo a nada de lograr la candidatura a la presidencia municipal este año.

Hay quienes ven en la dimensión que ha tomado el asunto del que se le acusa, ese intento por lastimar su imagen pública.

Se olvidan que operó muy cerca de Gustavo Madero, pero en estos momentos lo importante es bajarlo de la contienda. Y un asunto donde se involucra a menores de edad como víctimas de un fraude, es un argumento envidiable y fabuloso.

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Nuestros lectores observaron atinadamente que el guachichol es un negocio que debe atender la Fiscalía General del Estado no sólo en la zona de Zaragoza, sino en todo el Estado, particularmente en el sur, desde Delicias, pasando por Camargo, hasta Jiménez.

Sólo que da la casualidad que dichos municipios, los dos primeros, están gobernados por alcaldes surgidos del Partido Acción Nacional.

Eliseo Compeán y Arturo Zubía fueron reelectos en su responsabilidad al frente de Delicias y Camargo. Desde su posición no han tenido de otra que hacerse a un ladito en ese grave como peligroso problema del robo de combustible.

No tienen la fuerza para hacer frente a un tema que ha merecido atención estatal y federal en otras ciudades.

Ahí la Fiscalía no ha escuchado ni sabe nada de la situación que coloca en riesgo a la población y que es jugoso generador de dividendos del crimen organizado, ante la inferioridad de las fuerzas municipales.

Es el tema que, nos aseguran, algo o mucho tuvo qué ver con la muerte de Uriel Loya, el presidente de Coparmex en Parral.

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Muy solidarios los jueces y magistrados federales con la defensa de la autonomía del Poder Judicial frente a los intentos de la administración de Andres Manuel López Obrador por reducir los sueldos y prestaciones.

Salieron muy unificados los togados en todas las entidades federativas, con un comunicado conjunto de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito.

Lo que no dijeron, y que por supuesto tampoco hicieron, fue un compromiso público de ajuste salarial, mediante la renuncia a sus derechos.

Lo demás, sólo fue una alegata pública, inaudita, que deja a los ciudadanos comunes con la impresión de que salieron a defender simplemente sus privilegios. La autonomía sabe a pretexto.