Va en picada sindicato del Ichisal

-Muy cantada ilegalidad contra polis

-Los calambres por disminución de sueldos

“La lloradera es plena, aun y cuando todo es una mera intentona de Morena”

Un frente descuidado hacia el interior de la administración estatal, por si faltara uno más, es la relación con el personal.

Prueba de ello es el rebase que ha sufrido el sindicato de trabajadores del Ichisal, que es mangoneado inmisericordemente desde la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría General de Gobierno.

No es sólo por el video donde la líder, Sofia Calzadillas, es ninguneada por Eduardo Fernández, y que ha circulado profusamente por la red. Es porque el sindicato no oficial crece desde Juárez y se extiende al resto del Estado.

Nos dicen que ya son más de 350 los trabajadores de personal administrativo, médico, enfermería y de servicio, que ha solicitado pertenecer a la organización sindical que encabeza el ginecólogo Rubén Meza, quien labora en el Hospital de la Mujer.

Meza ha logrado convocar a decenas de personas de base, regularizado y de contrato con la finalidad de hacer un frente común ante la política de terror que se ha desatado, primero con los despidos de personal médico y después, de personal administrativo.

En las últimas semanas las baterías del Gobierno del Estado se han concentrado en reducir la base administrativa, con lo cual se han incrementado las demandas por despido injustificado.

Es éste el principal incentivo con el cual crece la nueva organización sindical, que se encuentra en proceso de obtener la nota que le autoriza funcionar como sindicato. Actualmente incrementa su proselitismo en los diversos municipios, en un constante dolor de cabeza para el sindicato oficial y, por supuesto, para el gobierno del Estado, cuya capacidad de maniobra se agota momento a momento.

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No es el fuerte el manejo del dato duro y sustentado en el nuevo amanecer. Lo vimos con la propuesta recién entregada al Congreso del Estado en materia de renegociación de la “reestructura” de la deuda pública estatal.

El número fino que analiza financieramente con una prospectiva madura y real el manejo de la deuda, se escapa entre los dedos, para llegar a un documento falto de solidez y prospectiva puntual.

Lo mismo ocurre en un tema sensible: el aumento de la tarifa de transporte público. Se cocina en el interior de la administración estatal un ajuste para evitar un nuevo roce con el pulpo camionero. Pero sin un estudio de fondo, más que una propuesta superficial de quienes manejan el transporte.

Medida que tiene también su razón de ser en aflojar las riendas, luego de la entrada en vigor del cobro en ruta troncal estrictamente con tarjeta, con lo cual los transportistas se quedan sin la posibilidad del jineteo y manejo discrecional de la morralla, que se cuenta por millones de pesos al mes.

Se prepara entonces una medida remedial intermedia, que no soluciona el problema de fondo del transporte, que es el manejo de las alimentadoras, que continúan operando al antojo de los transportistas sin que gobierno pueda hacer algo al respecto.

Vendrá entonces una propuesta de aumento que entrará en vigor a principios de año, según nos comentan, en un acuerdo en lo oscurito sin intervención del consejo consultivo, que terminará quedando como un organismo muerto y sin decisión real.

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Sólo era cuestión de tiempo que recayera una resolución que deja en libertad a los agentes de policía y al director de seguridad pública de Cuauhtémoc.

Lo dijimos en GPS inmediatamente de ocurrida la detención, amén de la tranquiza que se llevaron los servidores públicos durante el arresto -que por sí sola era elemento de peso para configurar delito y presuponer libertad- al cual obviamente opusieron resistencia dado el ostensible abuso de poder ejercido.

Era de esperarse, pues. Lo que no se concibe es la respuesta que la Fiscalía emitió ante la resolución del juez, amenazando con acudir al Consejo de la Judicatura para obtener una sanción en contra suya por no haberse inclinado a las pretensiones del Ministerio Público.

No concibe César Peniche la definición en la cual se le niegan facultades para supervisar el cumplimiento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como la que tiene que ver con el otorgamiento y operación de la licencia colectiva, atribuciones que sólo recaen en la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pues en sendo comunicado de prensa, la Fiscalía se ufana de acudir a la Judicatura y de vigilar que los agentes eviten incorporarse a filas y usar armas, de lo contrario, amaga con actuar de nuevo en los mismos términos en que ya lo hizo, en un plano de plena ilegalidad y autoritarismo ramplón.

Dice el dicho que si vas a hacer cosas malas no las digas y menos las firmes. Hoy la Fiscalía incurre en ambos despropósitos, utilizando a la coordinación de comunicación social como ariete en un asunto que más les vale dejar por la paz, con el ejército en las calles, ese sí, con la facultad de inspeccionar armas y licencias colectivas a la policía estatal.

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Es una bomba que golpea donde más duele. El bolsillo de los altos funcionarios que dejarían de percibir los excedentes de sueldo por encima de los 108 mil pesos, cantidad caprichosa -si se quiere- establecida desde la nómina del Presidente de la República.

El gobernador Corral se puede despedir de 55 mil pesos mensuales, unos miles menos el Secretario General, igual que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Otros funcionarios, como los titulares de órganos autónomos deberán dejar en el alambre entre veinte y treinta mil pesos.

La lloradera es plena, aun y cuando todo es una mera intentona de Morena. Para ello deberán completar los votos suficientes y sacar adelante la iniciativa.

Pero de que hay calambres, los hay.