Pega 'jineteo' a hospitales privados

-Llega policía militar... sin apoyo estatal

-Si no hay para nómina ¿qué hacen con el dinero?

''Todo indica que se trata de un pésimo manejo el de la administración estatal y no de falta de cumplimiento por parte de la federación''

-En caso Miroslava sólo es punta de la madeja

Los hospitales privados de la ciudad están enfrentando una crisis agudizada por la competencia comercial que entre ellos han abierto y por los adeudos que aún tiene el gobierno del Estado.

Hasta nuestra redacción ha llegado la queja sobre tremendas presiones que los hospitales realizan sobre los médicos arrendatarios por los compromisos que han asumido con la renta de consultorios y pacientes que se comprometieron a generar.

Nos dicen que la situación es más delicada en los hospitales que hicieron una fuerte inversión económica en los últimos años, ya que los números nomás no terminan de cuadrar.

Agréguese a ello que Pensiones Civiles jinetea de lo lindo los pagos de los famosos subrogados, servicios médicos a altos funcionarios o favoritos de la administración.

Y aún hay adeudos que la Secretaría de Hacienda tiene pendientes y que nada más no libera, pese a que con ello coloca en situación complicada a las empresas dedicadas al negocio médico, aun a aquélla que fue la favorita del anterior secretario de Salud.

El problema es que son cientos de empleados los que dependen de las clínicas y hospitales privados, trabajadores que deben recibir sus emolumentos de fin de año, amén de los médicos que quedan en calidad de sandwich en el crédito a la palabra en que se ha convertido la financiación hacia el sector público estatal.

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Aun ante la ausencia de una coordinación mediante una mesa de seguridad que a nivel estatal no se ha instalado inexplicablemente, el plan de paz del gobierno federal se ha anticipado y llega a los municipios considerados de mayor nivel de violencia.

Llama la atención que dentro de ellos se considere cuando menos a dos como de violencia o peligrosidad media. Guachochi y Urique son municipios en donde se sabe, porque así ha sido la demostración de hechos delictivos, pululan grupos delincuenciales que se pasean por las calles en la más completa impunidad.

El caso más reciente, en Urique, el homicidio del joven maestro norteamericano Patrick Braxton, de amplia resonancia internacional mediática, les pasó de largo.

No se sabe a ciencia cierta cómo es que se les deja fuera del parámetro de violencia con mayor gravedad a los mismos.

Ni qué decir de Ojinaga, otro municipio considerado como de violencia o atención media, cuando la zona cercana, limítrofe de Coyame, también tiene lo suyo, y más arriba, la zona rural de la tierra de Pablo Acosta, como La Mula y comunidades cercanas, muestran gran actividad delincuencial.

Es ahí donde los municipios y las entidades federativas deben ser tomadas en cuenta para la determinación de riesgos y acciones, como nos lo hicieron ver lectores de dichos municipios, que consideran que el tasarlos en la medianía de la violencia, puede tener como resultado quedar marginados de las acciones de ataque a la delincuencia, y demás apoyos de carácter social, entendiendo que el combate a la inseguridad debe ser integral y no cortoplacista, con la milicia en la calle.

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¿Cómo es que el Estado se quedó sin recursos para pagar sueldos y aguinaldos a los miles de trabajadores burócratas?

Es algo que requiere de una explicación por parte de la Hacienda estatal, en un anuncio que ha generado zozobra e incertidumbre expresada por los empleados estatales.

Nadie se explica cómo es que no se pudieron gestionar los 400 millones que el gobierno de Enrique Peña Nieto, aún pese al golpeteo incesante y adjetivizado, había autorizado como medidas financieras remediales de fin de año, más que en la falta de cuidado y atención de la administración estatal.

Más aún cuando ya se sabía que poner atención, dadas las condiciones económicas de la entidad, era un punto apremiante y de especial cuidado.

Nada más falta que en este último tramo también haya omisión en la búsqueda de recursos, y se anuncie un nuevo préstamo a corto plazo, tal y como ocurrió el año pasado. Por cierto, adeudo que aún seguimos pagando y que ya está por vencerse.

En ese contexto tenemos algunos números obtenidos de último momento sobre las aportaciones del régimen peñanietista a Chihuahua. Todo indica que se trata de un pésimo manejo el de la administración estatal y no de falta de cumplimiento por parte de la federación que este año llevaría aportados al estado casi cuatro mil millones de pesos más que el año pasado.

Desmenuzaremos las cifras manejadas recónditamente por Hacienda estatal y hablaremos al respecto.

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El presunto homicida intelectual y uno de los principales orquestadores del crimen de la colega Miroslava Breach, compareció ante un juez federal para enfrentar la audiencia preliminar. “El Larry”, Juan Carlos Moreno Ochoa, es sólo la punta de la madeja, en un crimen periodístico-político, donde aún hay enorme impunidad por los funcionarios estatales panistas involucrados en las grabaciones tomadas de las llamadas realizadas a la periodista, todo con el fin de deslindarse de cualquier responsabilidad en las publicaciones por ella efectuadas.

Deberá el juzgador federal considerar a dichos testigos azules en un mayor grado de participación dentro de las indagatorias, porque hoy aún gozan de los salarios de la administración pública estatal, en la más completa impunidad, si en verdad se quiere un resarcimiento completo por tan terrible crimen.

Con ello, se enmendará la plana a la justicia estatal a modo, en la cual se les considera, hasta donde tenemos conocimiento, como simples testigos protegidos, en un auténtico insulto a la inteligencia colectiva.