VIOLENCIA EN CASA DE ASISTENCIA; PROCURADOR

Jesús Manuel Barrón Talamantes, subprocurador de Niñas, Niños y Adolescentes, del DIF Estatal, declaró que el cierre del centro de asistencia social, conocido como Resiliencia, a cargo de Jorge Nava, fue por el uso de chicharras, castigos físicos e incluso golpes con un objeto entre la población de usuarios, que son niños de entre 9 y 17 años, además de negligencias administrativas relacionadas con la violencia.

“Lo describen tal cual como actitud de castigo, lo refieren como sometimiento, les sujetaban los brazos por atrás y los subían para causar dolor como un castigo”, mencionó, entre otras acciones en contra de los niños.

La violencia contra las personas menores de edad fue detectada a través de una inspección que realizó el Departamento de Regularización y Certificación, en la que por protocolo se realizan entrevistas de sicología para determinar si los usuarios son víctimas de violencia, y también a los cuidadores, para garantizar que no sean generadores de violencia.

“En el centro de asistencia se encontraban 52 internos, y de manera, digamos, aleatoria, se entrevistó a 22 de ellos quienes refirieron ese tipo de conductas hacia ellos, sin detallar, en el momento, ni quién ni cómo habían ejercido esos castigos. Tres argumentaban que fueron golpeados, uno de ellos mostrando un hematoma con fotografías en el expediente; y otro con un corte en la ceja izquierda, que le realizaron en el momento de sometimiento le levantaron los brazos, y lo golpeó contra la pared”, explicó el subprocurador.

“Aunado, seguimos haciendo diligencias, y fueron reubicados en diversos albergues, donde continúa la investigación por medio de entrevistas en las que relatan las situaciones que los oprimían; y se siguen haciendo diligencias para hacerles un entrevista y comparecencia a todos los adolescentes que han egresado del lugar”, continuó.

Barrón Talamantes afirmó que dada la gravedad de las observaciones realizadas, el comité prevé la suspensión definitiva, en un consenso entre las entidades que lo componen, que son Coespris, Junta de Asistencia Social Privada, DIF, Fiscalía, entre otras, que fueron supervisadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar el bienestar superior de los niños y adolescentes.

Para finalizar exhortó a la ciudadanía a que coadyuve, es una obligación que nos atañe a todos, y estamos velando por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.

//El Heraldo//