La Alianza del Sahel abandona la Corte Penal Internacional y planea su propio tribunal

La decisión de los gobiernos militares de Mali, Burkina Faso y Níger de romper con la Corte Penal Internacional (CPI) se anunció el 27 de septiembre de 2025 y generó preocupación a nivel mundial. Estos países, agrupados en la Alianza de Estados del Sahel (AES), acusaron a la CPI de representar un instrumento de “neocolonialismo” y de no responder a las necesidades de justicia de la región. Argumentaron que los crímenes cometidos en sus territorios debían ser juzgados por instituciones regionales que reflejaran sus realidades y rechazaron la intervención de tribunales extranjeros. La postura también se enmarca en la ruptura con otras organizaciones, como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, lo que refuerza la apuesta por la autosuficiencia.

Los mandatarios del AES detallaron que crearán un tribunal panafricano y un centro penitenciario regional para juzgar crímenes graves. Esta propuesta busca armonizar los sistemas judiciales de los tres países y evitar la percepción de selectividad en la justicia internacional. Según las autoridades, la iniciativa pretende poner fin a la impunidad en la región y garantizar procesos que incluyan la participación de víctimas y comunidades.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch criticaron la salida de la CPI y advirtieron que la región corre el riesgo de convertirse en un “agujero negro” para la justicia. Señalaron que la CPI ha investigado crímenes de guerra cometidos por grupos terroristas y militares en el Sahel y que abandonar el tribunal dificultará la rendición de cuentas de responsables. El director de Amnistía Internacional para África Occidental consideró que la retirada responde a intereses de los líderes golpistas, quienes buscan librarse de posibles investigaciones por violaciones a los derechos humanos.

La controversia refleja un choque entre soberanía y justicia internacional. Mientras los gobiernos de la AES insisten en su derecho a construir instituciones propias que no estén supeditadas a potencias occidentales, los críticos recuerdan que los tribunales regionales aún no existen y que su creación requerirá recursos y acuerdos políticos complejos. La comunidad internacional seguirá de cerca la evolución de esta iniciativa y su impacto en las víctimas de violencia en el Sahel.