Culiacán se moviliza nuevamente contra la violencia y exige respuestas al gobernador Rocha

Este domingo por la mañana, miles de habitantes de Culiacán se congregaron frente a la catedral en el centro de la ciudad para protestar contra la creciente violencia que los ha afectado desde septiembre. Esta es la segunda manifestación en pocos días; la primera, realizada el jueves, culminó con algunos participantes irrumpiendo en el Palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador Rubén Rocha, del partido Morena.

La reciente ola de violencia en Sinaloa se atribuye a enfrentamientos internos entre facciones del Cártel de Sinaloa, resultando en cientos de personas asesinadas y desaparecidas. Balaceras, incendios de viviendas y comercios, y cuerpos abandonados en las calles se han vuelto comunes en la capital del estado. El asesinato de dos niños, Gael y Alexander, de 9 y 12 años, junto a su padre, hace una semana, ha sido el detonante de la indignación ciudadana, que critica la inacción de las autoridades para frenar la violencia.

Durante la marcha, los manifestantes portaron pancartas dirigidas al gobernador Rocha, quien recientemente afirmó que en Sinaloa se vive "perfectamente bien", minimizando la situación de inseguridad. Otras pancartas recordaban a personas desaparecidas y exigían que no se ataque a inocentes, en referencia a los niños asesinados. Este caso ha marcado un punto de inflexión en la percepción ciudadana sobre la seguridad en Culiacán, motivando a la población a alzar la voz.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto, expresando su solidaridad con la familia afectada y anunciando que el Gobierno federal asumirá la investigación de los asesinatos. Además, indicó que se ha reforzado la seguridad en Sinaloa y que se monitorean diariamente los avances en la materia.

La ciudadanía de Culiacán continúa exigiendo justicia y acciones concretas para restaurar la paz en la región, mientras la presión sobre el gobernador Rocha aumenta ante la percepción de una respuesta insuficiente por parte de las autoridades estatales.

Fuente: El País