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Caso Ayotzinapa: militares acusados recobran libertad bajo fianza

En un giro inesperado en el emblemático caso Ayotzinapa, ocho militares acusados de delincuencia organizada en relación con la desaparición de los 43 normalistas salieron anoche de la prisión del Campo Militar 1-A, luego de que una juez federal les concediera la libertad bajo fianza.

La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Raquel Duarte Cedillo, determinó el pasado jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) no contaba con elementos de prueba suficientes para acusar a los soldados de presuntos nexos con el grupo delictivo "Guerreros Unidos", señalado como responsable del secuestro y desaparición de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En consecuencia, la juez Duarte Cedillo les modificó la prisión preventiva justificada por segunda ocasión, decisión que se hizo efectiva anoche cuando los ocho militares abandonaron el penal militar alrededor de las 10:00 de la noche, tras pagar una fianza de 100 mil pesos cada uno.

Los soldados identificados como Roberto de los Santos Eduviges, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz deberán acudir cada quince días a firmar el libro de procesados para evitar evasión de la justicia, además de tener prohibido salir del país.

Con esta decisión, solo quedan en prisión seis militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa, entre ellos el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.

La resolución de la juez Duarte Cedillo representa un revés para la FGR, que había sostenido que existía un riesgo de fuga por parte de los militares acusados. Sin embargo, la juzgadora desestimó esta posición y determinó que la prisión preventiva no era una medida idónea en este caso.

Mientras tanto, los familiares de los normalistas desaparecidos y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por esta decisión judicial, temiendo que pueda obstaculizar el esclarecimiento de los hechos y la impartición de justicia en un caso que ha conmocionado a México y al mundo.

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