El gobierno de Donald Trump amplió las deportaciones a terceros países y envió a migrantes de distintas nacionalidades hacia Estados africanos que no son su lugar de origen. La práctica alcanza a cubanos, afganos y otros grupos.
Algunos deportados tenían antecedentes penales, pero medios estadounidenses reportaron casos sin ese historial. Trasladar a una persona a un país desconocido plantea preguntas sobre idioma, seguridad, documentación y posibilidad real de solicitar protección.
EFE y El Universal confirmaron la expansión del programa. Los tribunales deberán revisar si cada traslado respeta notificación, derecho de defensa y prohibiciones contra enviar personas a lugares donde puedan sufrir persecución o trato inhumano.
La medida también afecta a México porque puede redirigir rutas y solicitudes de asilo en el continente. Externalizar deportaciones reduce cifras dentro de Estados Unidos, pero traslada costos y riesgos a gobiernos con menor capacidad de recepción.
