La decisión llega después de semanas de protestas por la crisis de vivienda y de una importante derrota legislativa para el Gobierno, luego de que el Parlamento rechazara medidas de emergencia impulsadas por Sánchez para combatir los desalojos y la especulación inmobiliaria.
El problema de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos políticos de España. Miles de personas han participado en manifestaciones en distintas ciudades ante el aumento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda.
La indignación aumentó después del caso de una mujer de 87 años que fue desalojada en Madrid, episodio que desató protestas y volvió a colocar la situación de los inquilinos en el centro del debate nacional.
Sánchez gobierna desde 2018 y actualmente encabeza un Ejecutivo de coalición minoritario junto con Sumar. Su dependencia de partidos más pequeños para aprobar iniciativas en el Parlamento ha complicado buena parte de su agenda política.
El adelanto electoral supone una apuesta de alto riesgo. Sánchez buscará convertir la vivienda y las políticas sociales en los principales temas de la campaña, mientras que el Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, pretende enfocar la elección en los problemas de gestión del Gobierno y las controversias que han rodeado al Partido Socialista.
Las encuestas citadas por AP apuntan a que el Partido Popular y Vox podrían sumar el respaldo suficiente para desplazar a Sánchez, aunque el escenario sigue abierto.
España entrará así en una campaña electoral acelerada que podría modificar profundamente el equilibrio político del país antes de terminar 2026.
