México volvió a aparecer entre los países con mayores debilidades institucionales. El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project le asignó 0.40 puntos sobre uno y lo colocó en el lugar 121 de 143 naciones y jurisdicciones evaluadas.
El país perdió dos posiciones frente a la medición anterior. Su resultado quedó debajo del promedio mundial de 0.55 y del promedio de América Latina y el Caribe, de 0.51; dentro de la región ocupó el sitio 28 entre 32 países.
Los mayores focos rojos aparecen en ausencia de corrupción y justicia civil, rubros en los que México descendió al puesto 134. El estudio también detecta rezagos en justicia penal y seguridad, mientras gobierno abierto fue el componente con mejor desempeño relativo.
El índice mide límites al poder, corrupción, apertura gubernamental, derechos, orden, regulación y sistemas de justicia. La consecuencia cotidiana se refleja en denuncias que no avanzan, contratos inciertos y comunidades expuestas: mejorar la posición requiere resultados verificables, no solo nuevas leyes o rediseños institucionales.
