Washington prepara la presentación de un nuevo esquema comercial y México espera la resolución antes de la siguiente ronda de negociaciones bilaterales del T-MEC. La ventaja mexicana es concreta y cuantificable: 85% de sus exportaciones entra a territorio estadounidense sin pagar arancel, al cumplir con las reglas de origen del acuerdo.
Esa posición preferencial ha funcionado como escudo mientras la administración estadounidense despliega una guerra arancelaria global. El T-MEC ha sido, en la práctica, el instrumento que ha mantenido a México relativamente a salvo del encarecimiento generalizado que enfrentan otros socios comerciales de Estados Unidos.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha reconocido públicamente el riesgo que implica el nuevo esquema. Las prioridades mexicanas en la mesa son claras: reducir los aranceles estadounidenses a automóviles, acero y aluminio, sectores donde el gravamen pega directo a las cadenas de producción del norte del país.
Estados Unidos pretende además modificar las reglas de origen y abrir la discusión sobre 'seguridad económica', un capítulo cuya complejidad podría estirar la revisión detallada hasta 2027. Desde el gobierno mexicano se insiste en que habrá acuerdo y en que eliminar el tratado 'sería costoso' para las tres economías.
