Un grupo de latinoamericanos expulsados de Estados Unidos terminó en Bangui, lejos de sus países y sin una ruta clara de regreso. Los deportados aseguran que nunca aceptaron ese destino.
Desde la capital de República Centroafricana describieron encierro, incertidumbre y condiciones precarias. Funcionarios locales les habrían exigido adaptarse mientras se resolvía su situación.
La práctica de enviar migrantes a terceros países expande la deportación más allá de la devolución al lugar de origen. Organizaciones de derechos humanos cuestionan el consentimiento y las garantías legales.
Para México y Centroamérica, el precedente es grave: convierte a las personas en piezas de negociación entre gobiernos. La distancia también dificulta el acceso a abogados, consulados y familias.
