En un fallo que hará historia constitucional, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó por seis votos a tres que el presidente Trump excedió su autoridad al imponer aranceles masivos bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional. La decisión recordó que el poder de imponer gravámenes corresponde al Congreso, y que la delegación de ese poder al Ejecutivo debe ser explícita. Para el comercio global, el alivio duró menos de un día.
Ante la reacción del mercado celebrando el fallo, Trump salió a la conferencia de prensa con una narrativa de victoria propia: aseguró que el fallo 'hizo que la capacidad de un presidente para regular el comercio sea más poderosa y más clara'. Y demostró su punto en tiempo real: primero anunció un arancel global del 10%, y antes del fin de semana lo había subido al 15%, el máximo que permite la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
Las empresas que habían pagado los aranceles anulados —un monto estimado en 175 mil millones de dólares— descubrieron que no verían su dinero de vuelta pronto. Trump fue explícito: 'Estaremos en los tribunales durante los próximos cinco años'. El secretario del Tesoro fue aún más lejos, instando a los países a no exigir los reembolsos y simplemente pagar las nuevas tarifas.
El episodio revela la profundidad del conflicto institucional en Estados Unidos: el poder judicial intenta poner frenos al ejecutivo, pero el ejecutivo usa cada fallo como trampolín para justificar más agresividad. Para sus socios comerciales, incluido México, el mensaje es claro: la incertidumbre arancelaria no terminará con ninguna sentencia.
