La Corte Penal Internacional resolvió que mantiene plena jurisdicción para juzgar al expresidente filipino Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad, desestimando íntegramente el recurso presentado por su defensa. La decisión pone fin a ocho años de maniobras legales destinadas a evadir los cargos y abre el camino hacia un juicio oral en La Haya.
El argumento central de la defensa era que Filipinas se retiró de la CPI en 2018, por lo que el tribunal no tendría autoridad. Sin embargo, la Sala aplicó una lectura sistemática del Estatuto de Roma: la retirada del tratado no elimina la responsabilidad penal por crímenes cometidos mientras el estado era miembro del organismo.
Las investigaciones abarcan hechos ocurridos entre 2011 y 2019, período que incluye los años de Duterte como alcalde de Davao y su presidencia. La Fiscalía sostiene que la 'guerra contra las drogas' fue un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, con un saldo que diversas organizaciones de derechos humanos estiman en hasta 30,000 ejecuciones extrajudiciales, aunque el gobierno reconoce alrededor de 6,000 muertes.
Familiares de las víctimas recibieron la noticia con emoción en los juzgados de La Haya. 'Por fin alguien los escucha', declaró uno de los representantes de las organizaciones que documentaron los abusos. La confirmación de la jurisdicción no significa una condena, pero sí que el proceso formal hacia el juicio oral puede avanzar sin obstáculos legales.