La administración de Donald Trump incluye a 57 funcionarios con patrimonios de al menos 100 millones de dólares. El número es cuatro veces mayor que el registrado en gobiernos estadounidenses anteriores y convierte al gabinete en un club económico excepcional.
El análisis reúne declaraciones financieras, inversiones, empresas y propiedades de altos cargos. Varios proceden de fondos de inversión, tecnología, energía y bienes raíces, sectores directamente afectados por decisiones regulatorias y fiscales.
La riqueza no demuestra por sí sola corrupción, pero eleva la importancia de recusaciones y mecanismos para evitar conflictos de interés. Decisiones sobre impuestos, contratos o supervisión pueden beneficiar industrias donde los propios funcionarios conservan vínculos.
Para México, la composición ayuda a entender qué intereses pesan en comercio, migración y energía. Negociar con Washington significa tratar con un gobierno cuya visión económica está moldeada de manera extraordinaria por grandes fortunas privadas.
