La presión en Ceuta dio fuerza a los gobiernos europeos que buscan procesar o deportar migrantes fuera del territorio de la Unión. La idea, antes marginal, avanzó hacia negociaciones concretas.
Varios Estados quieren cerrar acuerdos con terceros países para operar centros de retorno. Sus defensores afirman que reducirán llegadas irregulares; organizaciones humanitarias temen abusos lejos de la supervisión europea.
Los casos de personas enviadas a destinos sin vínculos previos muestran los riesgos del modelo. También existe incertidumbre sobre costos, jurisdicción y acceso efectivo al asilo.
La decisión puede influir en políticas migratorias de América. México enfrentaría más presión para aceptar retornos o funcionar como territorio de espera en acuerdos semejantes.
