Desde que el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción y la militarización de ciudades clave, Ecuador registra una caída estadística en los homicidios en las zonas más afectadas por el crimen organizado. Para muchos ecuatorianos, caminar por ciertas calles de Guayaquil o Esmeraldas sin el miedo constante de los últimos años se siente como un milagro pequeño pero real.
Sin embargo, el optimismo está atrapado entre la gratitud y la desconfianza. Los propios ciudadanos que celebran la baja en violencia admiten que no creen que las medidas sean sostenibles. Los soldados no van a estar aquí para siempre, y los grupos criminales saben esperar, dijo un comerciante de Guayaquil en declaraciones recogidas por medios locales.
Los derechos humanos son otra arista del debate. Organizaciones civiles han documentado casos de detenciones arbitrarias y excesos en los operativos militares, particularmente en comunidades afroecuatorianas y barrios populares. Noboa descarta las denuncias y argumenta que el costo social de no actuar habría sido mucho mayor.
El reto es político tanto como de seguridad: si las cifras de violencia vuelven a dispararse cuando finalice el estado de excepción, el costo electoral para Noboa podría ser devastador. Por ahora, las encuestas muestran que la mayoría de ecuatorianos apoya las medidas, aunque la mayoría también admite que no espera una solución permanente.
