La Secretaría de Economía publicó el 2 de noviembre la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-023-SE-2026, con la que todo el cemento hidráulico que se produzca, importe o comercialice en el país deberá demostrar su calidad mediante pruebas de laboratorio y un proceso de certificación. De acuerdo con El Imparcial y La Silla Rota, la disposición entró en vigor el 3 de noviembre y tendrá vigencia de seis meses, con posibilidad de una sola prórroga por el mismo periodo.
La norma fija criterios técnicos verificables: resistencia a la compresión, tiempos de fraguado, estabilidad de volumen y composición química. Fabricantes, importadores y comercializadores tendrán que obtener un Certificado de Conformidad de Producto por cada producto y por cada planta, expedido por organismos acreditados y aprobados por la dependencia o, en casos excepcionales, por la propia Secretaría. Los sacos deberán indicar en español quién produce o importa el material, su país de origen, el contenido y la planta de fabricación; en las ventas a granel, esos datos irán en la factura o la remisión.
Según la explicación oficial recogida por los medios, un cemento con deficiencias puede disminuir la resistencia de una estructura, debilitar su adherencia con el acero de refuerzo y acortar su vida útil. El Imparcial citó además un análisis del Cenapred que vincula los materiales de mala calidad con una mayor vulnerabilidad de las construcciones ante sismos. La medida se apoya en la Ley de Infraestructura de la Calidad, que permite emitir normas urgentes ante riesgos inminentes.
La industria formal calcula que al menos 576 mil toneladas al año circulan fuera del marco regulatorio, con un impacto cercano a 3 mil millones de pesos. Si se suma el producto importado que venden comercializadores informales, la afectación estimada para el sector sube a unos 5 mil 800 millones de pesos anuales.
La aplicación plena todavía tiene una condición: las pruebas solo serán exigibles cuando existan suficientes unidades de verificación y laboratorios acreditados, y Economía deberá anunciar cuándo se alcance esa cobertura. Mientras tanto, la dependencia y la Profeco se encargarán de la vigilancia, que incluye muestreos e inspecciones en centros de acopio y distribución.
Con información de: El Imparcial y La Silla Rota.
Foto ilustrativa: KVDP / Wikimedia Commons (dominio público).
