Un operativo financiero coordinado entre Washington y la Ciudad de México dejó al descubierto una red dedicada al huachicol fiscal que, según las autoridades, alimentaba las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a once objetivos —dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas— y la Secretaría de Hacienda respondió bloqueando sus cuentas.
El huachicol fiscal se ha convertido en uno de los esquemas más lucrativos del crimen organizado: consiste en introducir combustible evadiendo impuestos, con documentación aduanera falsa y empresas fachada que simulan operaciones legales. El resultado es un daño millonario al erario y un flujo constante de recursos para el cártel.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a Óscar Guillermo Juraidini Silva como operador financiero y contador de la organización. En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana inició el congelamiento de cuentas y el análisis de las operaciones de los señalados, en lo que Hacienda describió como una medida para proteger la integridad del sistema financiero.
El caso refleja la creciente cooperación bilateral contra el lavado de dinero y el robo de hidrocarburos, un frente que ambos gobiernos han colocado en el centro de su relación de seguridad.
