El escándalo por presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) entró en una nueva etapa. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que ha documentado múltiples irregularidades en la contratación de bienes y servicios, gracias a la colaboración de informantes que conocen el funcionamiento interno de las operaciones investigadas.El organismo fiscalizador reveló que trabaja directamente con personas vinculadas al caso que buscan obtener una reducción de posibles sanciones a cambio de proporcionar información relevante.
La información entregada a los auditores incluye testimonios, fotografías, grabaciones, movimientos financieros, domicilios, conversaciones de WhatsApp y nombres de personas presuntamente involucradas.
Uno de los hallazgos más relevantes apunta a que los beneficiarios finales de diversas empresas habrían influido directamente en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos de las licitaciones, con el propósito de favorecer determinados intereses económicos.
Estas prácticas, de comprobarse plenamente, podrían representar una manipulación de los procedimientos de contratación pública y un uso indebido de recursos del organismo electoral.Las investigaciones alcanzan contrataciones realizadas durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE, lo que ha generado nuevas preguntas sobre los mecanismos de supervisión y transparencia dentro del institutoEntre los señalamientos difundidos públicamente figuran posibles vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con compañías que obtuvieron contratos del organismo electoral.
Sin embargo, los hallazgos de la ASF no establecen por sí mismos responsabilidades directas de Taddei ni constituyen una resolución definitiva sobre su participación en posibles actos ilícitos.
