América Latina volvió a ser la región más peligrosa para quienes protegen bosques, agua y territorio. Un informe internacional atribuye al continente 85% de los asesinatos de defensores ambientales documentados durante el último año.
Las víctimas suelen enfrentar intereses mineros, agroindustriales, madereros o criminales. Muchas pertenecen a comunidades indígenas y rurales que denuncian proyectos sin consulta o invasiones de sus tierras.
El reporte advierte que la cifra visible puede ser menor al daño real por subregistro, amenazas y desapariciones. La impunidad permite que agresores materiales e intereses económicos permanezcan fuera de los tribunales.
Para México, el diagnóstico exige protección que funcione antes del ataque y fiscalías capaces de investigar el móvil ambiental. Sin sanciones, defender recursos naturales continúa siendo una actividad de alto riesgo.
