Con 28 asesinatos de mujeres registrados en los primeros meses de 2026, de los cuales al menos siete han sido clasificados como femicidio, Sinaloa enfrenta una crisis de violencia de género que las cifras oficiales apenas comienzan a dimensionar. El ataque del lunes en el Mercadito Rafael Buelna, donde cuatro mujeres murieron acribilladas, no es un hecho aislado sino la expresión más reciente de una tendencia que organizaciones de la sociedad civil llevan meses documentando.
Activistas y expertas en violencia de género señalan que el mecanismo de Alerta de Género activado en Sinaloa no ha logrado traducirse en medidas concretas que protejan a las mujeres en los municipios con mayor presencia del crimen organizado. Las denuncias de desapariciones, según los colectivos, siguen sin recibir respuesta oportuna de las autoridades, y las carpetas de investigación por femicidio tienen tasas bajísimas de judicialización.
La Fiscalía General del Estado reconoció en un informe reciente que la fragmentación del Cártel de Sinaloa ha generado un ambiente de violencia que afecta de manera desproporcionada a mujeres en situación de vulnerabilidad: vendedoras de mercado, trabajadoras del hogar y madres de familia sin vinculación conocida con grupos delictivos. El perfil de las cuatro víctimas del lunes coincide con esta descripción.
Organizaciones como el Colectivo de Mujeres de Sinaloa exigen que la Secretaría de Seguridad implemente protocolos diferenciados para la atención de violencia contra mujeres en contextos de disputa territorial entre cárteles. La demanda incluye la creación de refugios de emergencia en Culiacán y el reforzamiento de las unidades especializadas en femicidio de la Fiscalía local.
