El desplazamiento forzado de familias y comunidades puede castigarse en Oaxaca con hasta 18 años de prisión. Sin embargo, los conflictos agrarios, religiosos y comunitarios mantienen a habitantes de distintas regiones fuera de sus hogares, mientras el Gobierno estatal reporta más de 22 casos documentados, dos de ellos durante la administración de Salomón Jara Cruz.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó que entre las comunidades afectadas se encuentran Tierra Blanca, en la región Triqui; San Juan Juquila Mixes, en la Sierra Norte, y La Cofradía, perteneciente a San Pedro el Alto, en la Sierra Sur.
A estos casos se suma el de una comunidad de la Sierra Norte, donde 22 familias fueron expulsadas por decisión de una asamblea comunitaria. Según el funcionario, las autoridades mantienen el diálogo para lograr su regreso antes del 15 de diciembre.
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También permanece pendiente la solución del conflicto en Buenavista, agencia de Santiago Yosondúa, en la Mixteca, donde familias continúan desplazadas por una disputa agraria con Santa María Yolotepec.
El retorno debe ser voluntario y seguro Romero López atribuyó estos desplazamientos principalmente a problemas por límites de tierras, diferencias religiosas y decisiones de asambleas comunitarias que, en algunos casos, terminan por vulnerar los derechos individuales de sus habitantes.
El funcionario sostuvo que la prioridad de las autoridades es garantizar la integridad de las familias, particularmente de niñas, niños y mujeres, así como generar condiciones para un retorno voluntario y seguro.
