Con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá programada para el 1 de julio de 2026, el secretario de Economía Marcelo Ebrard viajó a Washington el 18 de marzo con una postura sin matices: México exige el regreso a cero aranceles en acero, aluminio y sector automotriz, exactamente como estaban antes de la llegada de Trump al poder. El 37% del PIB nacional depende directamente de lo que se negocie en esa sala.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la postura en su conferencia mañanera: "Nuestra prioridad es, obviamente, que no haya aranceles como no los había antes de la llegada de Trump, y algunos temas particulares relacionados con mejorar el acuerdo comercial". El tono es firme, pero el contexto es difícil: el arancel global de 10% de Trump entró en vigor en febrero, aunque los bienes mexicanos con cumplimiento de reglas de origen del T-MEC siguen exentos.
Alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas no pagan aranceles por estar cubiertas bajo el tratado. Sin embargo, los gravámenes sectoriales bajo la Sección 232 —acero y aluminio— y los aplicados al sector automotriz siguen siendo un lastre significativo para la industria nacional. En juego hay cientos de miles de empleos en estados como Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.
Los analistas advierten que la negociación será compleja: Estados Unidos tiene incentivos para usar el T-MEC como herramienta de presión mientras México busca estabilidad para atraer inversión en el contexto del nearshoring. Lo que ocurra en Washington en los próximos meses definirá la economía mexicana de la siguiente década.