La transferencia se llevó a cabo desde el Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos de Toluca, donde agentes federales escoltaron a los internos hasta aviones con destino a ciudades estadounidenses. Según el ministro de Seguridad, la medida pretende impedir que delincuentes de alto impacto generen violencia en México.
La entrega incluyó a 37 presuntos miembros de diversos cárteles, quienes eran reclamados por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico y secuestro. Con este grupo suman 92 internos trasladados desde que comenzó la administración actual, lo que representa un aumento sin precedentes en la cooperación judicial entre ambos países.
Las autoridades mexicanas señalaron que la decisión se tomó en medio de presiones del gobierno estadounidense y de amenazas públicas del presidente Donald Trump, quien ha advertido que atacará a los cárteles con o sin participación mexicana. Funcionarios mexicanos dijeron que la extradición contribuye a reducir el riesgo de violencia en el país.
La operación se produce en un contexto de creciente tensión bilateral por las políticas de seguridad y migración. Activistas han advertido que la cooperación judicial debe respetar el debido proceso, mientras que los gobiernos de ambos países buscan coordinarse para combatir a organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.