Voceros de la Alianza de Organizaciones para la Justicia Social denunciaron que en la región de San Quintín, Baja California, continúa un esquema de contratación a destajo conocido como “saliendo y pagando”. El líder Venustiano Hernández explicó que los jornaleros son contratados por intermediarios que los llevan a los campos y les cobran una parte de sus salarios, sin que tengan prestaciones ni seguridad social.
Durante las jornadas, los trabajadores comienzan a recolectar productos agrícolas desde la madrugada y no cuentan con contratos formales. Fermín Salazar, otro vocero de la organización, señaló que muchos rancheros se benefician de la necesidad de los jornaleros y que las autoridades laborales no supervisan adecuadamente la situación, e incluso avisan con antelación las fechas de inspección.
A una década del paro de 2015 que reunió a más de 70 000 jornaleros y bloqueó la carretera Transpeninsular, los líderes impulsan un pódcast titulado “Diez años después: jornaleros entre los acuerdos y la realidad”, en el que reflexionan sobre los logros y pendientes del movimiento. En él participan activistas y maestros que estuvieron en las negociaciones con los gobiernos federal y estatal para exigir mejores salarios y condiciones dignas.
Los representantes de la alianza advirtieron que, aunque hubo mejoras salariales después de la huelga, persisten prácticas ilegales en muchos ranchos. Piden al gobierno federal reforzar la vigilancia laboral y sancionar a los empleadores que sigan explotando a los trabajadores, así como garantizar servicios de salud y seguridad social para los jornaleros agrícolas.