Las llamas arrasaron poblados completos en las regiones chilenas de Bíobío y Ñuble, dejando al menos 18 personas fallecidas y más de 3.200 viviendas destruidas, según datos preliminares divulgados por las autoridades. El presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe y un toque de queda nocturno para facilitar las labores de evacuación y evitar saqueos en las zonas afectadas.
El Ministerio del Interior informó que más de 800 bomberos y efectivos de las Fuerzas Armadas trabajaban para controlar los focos, impulsados por fuertes vientos y temperaturas superiores a 35 °C. Las autoridades temían que el número de víctimas pudiera aumentar, ya que numerosos poblados seguían incomunicados y los equipos de rescate no habían podido acceder a todas las zonas devastadas.
Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno habilitó albergues y pidió apoyo internacional, mientras las municipalidades organizaban centros de acopio para recibir donaciones de víveres y ropa. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres exhortó a la población a seguir las indicaciones oficiales y a evacuar de manera ordenada cuando se recibieran alertas.
Las autoridades ambientales atribuyeron la propagación de los incendios a la combinación de sequía prolongada, vientos secos y elevadas temperaturas. Expertos destacaron que los siniestros muestran la vulnerabilidad de los bosques y de las comunidades rurales frente al cambio climático y llamaron a fortalecer la prevención y la gestión de emergencias.
