El sistema penitenciario guatemalteco enfrentó una de sus mayores crisis cuando integrantes de la pandilla Barrio 18 se amotinaron de manera simultánea en tres cárceles del país. Los reclusos tomaron como rehenes a 46 personas y exigieron la liberación de uno de sus líderes. En los enfrentamientos murieron siete agentes de la Policía Nacional Civil y 10 resultaron heridos.
Tras horas de tensión, las fuerzas de seguridad recuperaron el control de los centros penitenciarios y liberaron a los rehenes. El líder pandillero Aldo “El Lobo” Duppie, cuya liberación exigían los amotinados, fue trasladado a un penal de máxima seguridad. El presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de sitio por 30 días, suspendiendo temporalmente ciertos derechos para facilitar los operativos y evitar nuevos brotes de violencia.
Las autoridades atribuyeron la revuelta al intento de la pandilla de reafirmar su poder en las cárceles y denunciaron que la coordinación simultánea de los motines demuestra la capacidad de comunicación que mantienen los líderes criminales. El ministro de Gobernación afirmó que se revisarán los protocolos de seguridad en las prisiones y se buscará aislar a los cabecillas.
Organismos de derechos humanos expresaron preocupación por la violencia dentro de las prisiones y pidieron que las medidas de excepción no se conviertan en abusos. Mientras tanto, familiares de reclusos y víctimas siguieron esperando información sobre el estado de los heridos y exigieron que se aclaren las responsabilidades del motín.
