Los nuevos establecimientos estarán ubicados en Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Nayarit y Sonora, entidades donde se busca fortalecer la infraestructura penitenciaria y mejorar las condiciones de seguridad.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que las instalaciones contemplarán sistemas tecnológicos de vigilancia, mecanismos para bloquear comunicaciones telefónicas no autorizadas y áreas diferenciadas según los perfiles de riesgo de las personas privadas de la libertad.
La propuesta también incluye espacios destinados a educación, capacitación laboral y atención médica, con el propósito de fortalecer los procesos de reinserción social.
Actualmente, 157 de los 275 centros penitenciarios del país presentan problemas de sobrepoblación, una situación que complica las labores de vigilancia y aumenta los riesgos de violencia dentro de las instalaciones.
El anuncio se produce después de distintos episodios de violencia penitenciaria, incluido un motín en el penal El Castillo, en Mazatlán, donde murieron 12 personas.
Organizaciones civiles han señalado que la construcción de nuevas instalaciones deberá acompañarse de mejoras en los centros existentes, particularmente en materia de derechos humanos, personal de seguridad, condiciones sanitarias y acceso a servicios básicos.
El proyecto representa uno de los esfuerzos recientes más importantes para ampliar la capacidad penitenciaria mexicana, aunque su efectividad dependerá también de las políticas de justicia y reinserción implementadas.
