En un movimiento que pasó casi desapercibido bajo el ruido de la crisis de seguridad, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al Código Penal federal que redefinen legalmente el concepto de consentimiento en casos de abuso sexual. La reforma establece de manera explícita que el silencio, la pasividad o la ausencia de respuesta física no pueden interpretarse como aceptación de actos sexuales.
El cambio legislativo responde a una demanda sostenida de organizaciones feministas y activistas de derechos humanos que señalaban que la redacción anterior del Código Penal dejaba amplias zonas grises que los agresores explotaban en su defensa. La nueva formulación alinea a México con estándares reconocidos internacionalmente en materia de violencia sexual, donde la ausencia de un 'sí' explícito equivale a un 'no'.
La reforma también modifica la forma en que los jueces deben valorar el comportamiento de las víctimas durante y después del hecho, eliminando criterios que históricamente servían para cuestionar la credibilidad de quienes denuncian. Organizaciones de mujeres celebraron el avance aunque advirtieron que los cambios en el papel deben ir acompañados de capacitación para operadores del sistema judicial.
La aprobación llegó en un momento en que el debate sobre el plurinominal y la reforma electoral absorbe gran parte de la atención legislativa. Sin embargo, las voces que impulsaron esta reforma señalan que se trata de un paso estructural: las reglas del derecho penal cuando se investiga una agresión sexual quedan, al menos en papel, modernizadas.
