Una jueza federal dictó prisión preventiva contra Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., señalada por su probable participación en una red de contrabando de hidrocarburos. Su defensa pidió duplicar el plazo constitucional para definir su situación jurídica, de modo que permanecerá recluida mientras avanza el proceso.
El caso se desprende de la investigación que la Fiscalía General de la República abrió contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien aparece vinculado a Ingemar como accionista y secretario del Consejo de Administración. La empresa, constituida en 2018, amplió después su objeto social para incluir almacenamiento, importación, exportación y transporte de hidrocarburos, además de servicios ligados a infraestructura ferroviaria.
De acuerdo con la FGR, a Hernández Hinojosa se le imputan los delitos de contrabando y delincuencia organizada. La indagatoria por el llamado huachicol fiscal acumula nueve personas detenidas, y las autoridades estiman que el esquema provocó un daño superior a los 4 mil millones de pesos a la hacienda pública. Ruffo Appel fue vinculado a proceso semanas antes y permanece en el penal del Altiplano.
El expediente se ha convertido en uno de los procedimientos más sensibles de la actual administración federal, porque cruza el combate al robo de combustible con la responsabilidad de figuras políticas de alto perfil. Las próximas audiencias definirán si la lista de imputados sigue creciendo dentro de la estructura corporativa señalada.
