La Ciudad de México no fue la excepción sino el epicentro de un movimiento que este año desbordó cualquier precedente en alcance territorial. Desde las primeras horas del 8 de marzo, colectivas feministas, organizaciones civiles, estudiantes, madres buscadoras y familias enteras salieron a las calles en más de 50 ciudades de la República. Guadalajara registró dos contingentes principales que partieron desde la Glorieta de los y las Desaparecidos; en Monterrey miles de mujeres ocuparon el centro de la ciudad; en Chihuahua se reportaron pintas en comercios de la calle Libertad; en Zacatecas más de dos mil personas marcharon desde dos puntos distintos.
En Jalisco, las autoridades desplegaron acompañamiento con perspectiva de derechos humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó explícitamente que se privilegiara el diálogo y se evitara cualquier acto de intimidación hacia las manifestantes. Lagos de Moreno y Puerto Vallarta se sumaron a las movilizaciones estatales, según confirmó la coordinadora de seguridad del estado, quien detalló que al menos diez o doce marchas simultáneas se realizaban solo en Jalisco. Las características de cada protesta local reflejaron las demandas específicas de cada comunidad: en algunas ciudades el eje fue la desaparición de personas, en otras la violencia intrafamiliar o el acoso en espacios públicos.
Las exigencias nacionales convergieron en puntos comunes: alto a los feminicidios, presentación con vida de las desaparecidas, igualdad salarial efectiva y acceso real a la justicia para las víctimas de violencia. Activistas señalaron que a diferencia de años anteriores, la participación de mujeres de comunidades indígenas y de municipios pequeños fue notablemente mayor, lo que interpretan como una señal de que la conciencia feminista se expande hacia territorios donde antes las marchas eran mínimas.
Las movilizaciones en estados con índices altos de feminicidio —como Guanajuato, Estado de México y Guerrero— fueron especialmente concurridas y los discursos más contundentes. En varias ciudades, los contingentes llegaron frente a palacios de gobierno o fiscalías para exigir que los casos sin resolver avancen, acusando a las autoridades locales de normalizar la impunidad en crímenes contra mujeres.