La investigación realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó que, durante los ejercicios de 2024 y 2025, se efectuaron pagos por aproximadamente 592.3 millones de pesos correspondientes a 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no pudieron confirmarse al contrastarlos con el Registro Nacional de Población.
El hallazgo ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión y control utilizados para garantizar que los recursos públicos lleguen correctamente a quienes cumplen con los requisitos de los programas sociales.
Entre las anomalías identificadas también destaca la situación de miles de tarjetas del Banco del Bienestar que fueron reportadas como activas, a pesar de que no habían sido entregadas a sus respectivos beneficiarios.
De acuerdo con los resultados de la revisión, durante 2024 quedaron sin entregar 95 mil 960 tarjetas bancarias, de las cuales 94 mil 251 aparecían como activadas en el sistema.
Esta situación resulta especialmente relevante porque las disposiciones operativas establecen que la activación debe realizarse una vez que las personas beneficiarias hayan recibido sus tarjetas.
La auditoría también encontró que en mil 78 de esas cuentas se depositaron recursos por aproximadamente 8.6 millones de pesos.
Adicionalmente, se identificaron pagos por otros 8.5 millones de pesos a mil 376 estudiantes pertenecientes a escuelas clasificadas como no prioritarias.
Las observaciones forman parte de una revisión más amplia sobre el ejercicio de recursos públicos federales, en la que la dependencia detectó irregularidades por al menos 5 mil 639 millones de pesos en diferentes programas y proyectos.
Entre los problemas señalados se encuentran pagos sin documentación comprobatoria, obras pagadas que no fueron ejecutadas y diferencias en costos de determinados proyectos.
Es importante señalar que la falta de validación de los beneficiarios constituye una irregularidad administrativa que requiere investigación y aclaración, pero no demuestra por sí misma que todos los estudiantes involucrados sean inexistentes.
El caso pone nuevamente bajo discusión la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación, transparencia y fiscalización de los programas sociales, especialmente aquellos destinados a estudiantes y familias que dependen de estos apoyos económicos.
