La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua ratificó su acusación contra el exgobernador Javier Corral y exfuncionarios por un presunto desvío de 98,6 millones de pesos en un contrato de refinanciamiento firmado en 2019. La institución insiste en que se trató de participaciones estatales mal utilizadas.
El conflicto radica en determinar si los recursos involucrados son estatales o federales; la auditoría sostiene que el caso debe ser procesado a nivel local, mientras que la defensa de Corral busca llevarlo al ámbito federal argumentando que se trató de recursos federales.
El organismo fiscalizador explicó las diferencias entre una auditoría de cumplimiento y una auditoría forense y aseguró que su investigación documentó irregularidades en el manejo del contrato. La disputa ha derivado en un litigio entre autoridades estatales y federales.
Analistas advierten que el caso revela la tensión entre distintos órdenes de gobierno sobre la fiscalización de los recursos públicos. Organizaciones civiles exigen transparencia y respeto al debido proceso en la resolución de la controversia.