Tras recuperar el control de la cárcel de Fraijanes, donde integrantes de la pandilla Barrio 18 retuvieron a 46 guardias como rehenes, las autoridades guatemaltecas enfrentaron una ola de ataques violentos en varias zonas de Ciudad de Guatemala. El portavoz policial Jorge Aguilar informó que los miembros de Barrio 18 emprendieron represalias en distintos puntos de la ciudad, asesinando a nueve agentes con armas de fuego y explosivos y dejando heridos a otros compañeros.
Los incidentes comenzaron después de que fuerzas de seguridad liberaran a los rehenes y trasladaran a más de 200 internos a otro penal. La pandilla realizó emboscadas en calles y carreteras, e incluso se reportaron balaceras contra estaciones policiales. Al cierre del día se confirmaron nueve agentes fallecidos y varias personas lesionadas, entre ellas civiles que circulaban por las zonas atacadas.
Ante la gravedad de los hechos, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio por 30 días en el departamento de Guatemala, autorizando a las fuerzas de seguridad a realizar allanamientos y detenciones sin orden judicial para restablecer la paz. El mandatario calificó a Barrio 18 y a Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas, lo que permite endurecer las penas contra sus miembros y agilizar operaciones de inteligencia.
Este episodio evidencia el poder de las pandillas en el país y la vulnerabilidad del sistema penitenciario. Expertos señalan que el control que ejercen sobre algunas prisiones facilita extorsiones y asesinatos, mientras que los traslados de reclusos suelen desencadenar venganzas violentas como las ocurridas esta vez.
